Hoy leo en este artículo la sentencia que ha recaido sobre un funcionario por el pago de facturas falsas por valor de 5.901 euros: cuatro años y tres meses de prisión, la devolución de ese importe,  una  multa de 2.400 euros e inhabilitación por 6 años.  Además, al contratista, por malversación le recaen tres años de carcel y 9 meses por falsedad, más la multa de 2.160 euros.

Es evidente que tal hecho no puede quedar sin castigo, que conste, pero señores, ¿tres años y 9 meses de cárcel es lo justo para tal importe?. La sentencia indica que, al pasar la cantidad defraudada de los 4.000 euros, ese fallo es el que le corresponde. Si eso fuera así, ¿cuánto le correspondería a más de un directivo, político o empresario que se nos viene a la memoria por hacer lo mismo pero con importes millonarios?

Vuelvo a repetir que tal hecho debe tener su castigo, pero pienso que debería ser proporcional al perjuicio cometido, por que no es de recibo que haya banqueros que se hayan enriquecido con operaciones similares y ya estén en la calle, asesinos terroristas que salen por “buena conducta” a los pocos años de su fechoría, implicados en los casos de corrupción más importantes que hemos tenido a nivel político y municipal que están en su casa y así un largo etcétera que podría ir enumerando.

Recientemente hemos sido testigos de la condena a un nieto muy famoso de un año de cárcel por malos tratos y amenazas.

¿Son comparables ambas condenas? ¿Qué opinan  ustedes?

 

Antonio Guerrero

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